En el intrincado mosaico de la contratación pública y las asociaciones público privadas (APP), las fianzas administrativas surgen como piedra angular, apuntalando la integridad estructural de la entrega de proyectos y la responsabilidad contractual. Las fianzas administrativas en Panamá son solicitadas por el Texto Único de la Ley 22 del 27 de junio de 2006, que regula la contratación pública, ordenado por la Ley 153 de 2020, como también por la Resolución No. 2259-2023-LEG/FySE de 10 de agosto de 2023, emitida por la Contraloría General de la República, por la cual se reglamentan las fianzas que se emitan para garantizar las obligaciones contractuales del Estado, y se establecen sus modelos y se deroga el Decreto Núm. 33-Leg de 8 de septiembre de 2020. Por lo tanto, todo proyecto realizado bajo la figura de contratación pública en el país, las requiere.
La fianza administrativa es un contrato contenido en un documento de texto breve y general, que vincula al fiador, que puede estar constituido por una o más compañías aseguradoras o entidades bancarias, quien es garante del cumplimiento de una obligación de una persona natural o jurídica, llamada Fiador, para con un tercero, constituido por la entidad estatal correspondiente y la Contraloría General de la República, llamadas Entidad Estatal Beneficiaria.
La importancia de las fianzas administrativas
Las fianzas administrativas en Panamá representan mucho más que un requisito legal: son una herramienta indispensable en el éxito dentro el complejo mundo de las contrataciones públicas en la República de Panamá.
Para los empresarios e inversores que se aventuran en el ámbito de las licitaciones públicas deben saber que las fianzas administrativas cumplen diferentes roles:
- Gestión de riesgos: Los riesgos asociados con el incumplimiento o la falta de cumplimiento del contrato se transfieren a la garantía. Este mecanismo de transferencia de riesgos es crucial en proyectos que implican importantes desembolsos financieros y complejos entornos normativos.
- Mejora de la credibilidad: La participación en contratos públicos exige a menudo demostrar estabilidad financiera y fiabilidad operativa. Las fianzas administrativas señalan el compromiso de una empresa con el cumplimiento de sus obligaciones, aumentando así su credibilidad ante las entidades gubernamentales y el público en general.
- Cumplimiento de la normativa: Garantizan que las empresas se adhieren a las leyes y reglamentos pertinentes. Este cumplimiento fomenta un entorno justo y competitivo para todas las partes interesadas.
- Continuidad del proyecto: En caso de incumplimiento, el fiador asume la responsabilidad de la finalización del proyecto, ya sea financieramente o gestionando que otro contratista se haga cargo. Esta salvaguarda de la continuidad es vital para proyectos esenciales para la sociedad.
- Promueven las licitaciones responsables: Disuaden de presentar ofertas frívolas o no cualificadas, ya que para obtener una fianza es necesario demostrar la estabilidad financiera y la capacidad operativa. Visto desde otro punto de vista, reduce la competencia en las ofertas de licitaciones.
- Fomento de la confianza: Garantizan a los organismos gubernamentales y al público, que las empresas privadas están comprometidas con sus obligaciones, creando una base de confianza esencial para el éxito de la colaboración.
- Vicios redhibitorios o defectos de construcción. Las garantías de cumplimiento atienden un papel fundamental en la etapa post-contractual, respaldando el sostenimiento de los proyectos aun después de liquidados los contratos.
Facilitando soluciones de fianzas administrativas
Somos especialistas en contratación pública y asociaciones público privada en Panamá, contamos con la experiencia y conocimiento para asesorar a los empresarios e inversores que participan en los procedimientos de adquisición pública y en el desarrollo de grandes proyectos de infraestructura, de tal manera que puedan ser seleccionados, gracias a la presentación de propuesta sólidas y que cumplan con todos los estándares del pliego de cargos, las disposiciones contractuales y los marcos regulatorios, y por ende, lleguen a formalizar contratos acompañados de fianzas administrativas que demuestran a la entidad gubernamental contratante, que la empresa privada tiene la capacidad y estabilidad de cumplir con sus expectativas, y por ende satisfacer el interés público.
Garantizamos que nuestros clientes cumplan con sus obligaciones legales y contractuales, mientras se posicionan de forma competitiva en el sector económico panameño, es nuestro objetivo.
En un entorno donde la transparencia, el cumplimiento y la seguridad financiera son pilares fundamentales, contar con el respaldo de asesores profesionales, sin duda, abre la puerta al éxito de proyectos significativos que dejan una marca positiva en el progreso y bienestar de Panamá.
