¿Cuándo y cómo presentar una demanda contencioso-administrativa?

Cuando las acciones de la administración afectan significativamente a particulares y empresas, es crucial entender cómo someter a un examen de legalidad las posibles extralimitaciones. Las demandas contencioso-administrativas constituyen una poderosa herramienta para que los ciudadanos y las empresas exijan responsabilidades a las entidades gubernamentales.

Los abogados especialistas en materia contenciosa-administrativa en Panamá, durante años han sido los garantes de los derechos de las personas y de las empresas que hacen vida en el país.

Identificación de casos válidos

El primer paso para hacer frente a las posibles ilegalidades por parte de la administración, es reconocer cuándo se tiene un caso válido. Aunque muchas personas se sienten frustradas por las acciones de las autoridades gubernamentales, no todas las situaciones justifican una acción legal. He aquí algunos indicadores claves de que podría tener un caso sólido, entre los que podemos destacar, a saber:

1. Violación clara de leyes o reglamentos.
2. Toma de decisiones arbitrarias o caprichosas.
3. Vulneración del debido proceso legal.
4. Abuso de poder discrecional.
5. Incumplimiento de los procedimientos.

Iniciar el procedimiento

Una vez que haya identificado un caso válido, comienza el proceso de iniciar un juicio contencioso-administrativo. Cada caso es diferente, y tienen complejidades únicas que deben ser abordadas de forma detallada; sin embargo, nuestra experiencia nos permite proponer estos elementos como base para cualquier litigio contencioso-administrativo. No obstante, es importante tener en cuenta que en esta materia nos encontramos con dos (2) tipos de demandas mayormente utilizadas para revisar la legalidad de los actos, órdenes, o la negativa tácita por silencio de la administración, como lo es la Demanda de Plena Jurisdicción, a través de la cual se solicita el restablecimiento del derecho vulnerado; y en aquellos casos de actos de contenido general o en aquellos actos individuales, pero cuyas características pueden llegar a tener un impacto general, y en donde no se solicite el restablecimiento de un derecho, se podrá promoverse la Demanda de Nulidad:

1. Reúna documentación exhaustiva: Recopile todos los documentos relevantes, incluyendo comunicaciones gubernamentales, decisiones oficiales y cualquier evidencia que ayude a establecer los hechos jurídicos que permitirán desarrollar el concepto de infracción del acto demandado.
2. Agotar los recursos administrativos: En la mayoría de los casos, tendrá que demostrar que ha intentado resolver el problema a través de los canales administrativos disponibles antes de presentar una demanda, esto en el caso de las Demandas de Plena Jurisdicción; ya que la promoción de las demandas de nulidad, no requieren del agotamiento de la vía gubernativa, como un presupuesto procesal para ser promovidas.
3. Identifique la jurisdicción competente: En Panamá, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mantiene competencia privativa para llevar a cabo la revisión de legalidad de los actos u omisiones administrativas, según el numeral 2 del artículo 206 de la Constitución Política de la República de Panamá, quien lo hará con la audiencia del Procurador(a) de la Administración.
4. Presente la demanda antes que se configure el plazo de prescripción: En materia de Plena Jurisdicción, el término para promover dicha demanda es de dos (2) meses, contados a partir de que el acto demandado se encuentre en firme. Sin embargo, en materia de nulidad, no hay un término para promover este tipo de demandas.
5. Legitimación en una Demanda de Plena Jurisdicción vs una de Nulidad: La Demanda de Plena Jurisdicción solo podrá ser promovida por aquel que se encuentre directamente afectado por el acto administrativo demandado o negativa tácita, o que mantenga un interés directo en las resultas del juicio. Sin embargo, la Demanda de Nulidad, al representar el ejercicio de un control objetivo del ordenamiento jurídico, podrá ser promovida por cualquier persona.
6. Considere la posibilidad de promover medidas provisionales: En algunos casos, puede ser necesario que su abogado contencioso administrativo en Panamá solicite una medida de suspensión provisional para evitar daños irreparables mientras el proceso se surte ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

Ideas únicas

Las demandas contencioso-administrativas, como la de plena jurisdicción y nulidad, representan vehículos procesales muy técnicos en donde juega un papel determinante la manera como el abogado contencioso administrativo en Panamá expone los hechos u omisiones fundamentales de la acción promovida, y describe las disposiciones que se estima han sido violadas. No obstante, y sin perjuicio de lo anterior, resulta importante mencionar algunos aspectos menos conocidos que pueden influir significativamente en su caso:

• Derecho Convencional: Panamá es signatario de varios tratados internacionales que, hoy en día, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Incorporar argumentos basados en estos tratados puede reforzar su caso, especialmente, en áreas como los derechos humanos y la protección del medio ambiente.
• Uso estratégico de las leyes de libertad de información: Utilizar las leyes de transparencia para obtener documentos gubernamentales puede descubrir pruebas cruciales para su caso. En Panamá, la Ley de Transparencia (Ley 6 de 2002) puede ser una herramienta poderosa en este sentido.
• El impacto de los precedentes judiciales: Si bien el concepto del precedente tiene implicaciones distintas en los sistemas de common law frente a aquellos del civil law, en donde en el primero el mismo presenta una vinculación forzosa a diferencia del civil law, hemos visto en los últimos años, a través del derecho comparado, que el precedente contencioso-administrativo ha obtenido una mayor fuerza, en la medida que el administrado reclama una unificación de dicha jurisprudencia, que llegue a tener una verdadera incidencia en aquellas actuaciones de la administración que no se ajusten a derecho, evitando de esta manera su reincidencia. De tal manera, que el conocimiento y manejo adecuado de la jurisprudencia contenciosa-administrativa constituye una herramienta eficaz tanto para el usuario del sistema como para los servidores públicos.

El papel de la representación jurídica especializada

El procedimiento contencioso-administrativo en nuestro país, se encuentra regulado en la Ley 135 de 30 de abril de 1943, modificada por la Ley 33 de 1946, el dominio del mismo y del procedimiento administrativo, depende muchas veces del manejo que los despachos legales mantengan sobre la jurisprudencia más reciente por parte de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, dentro de la amplia gama de tópicos que llegan al control de legalidad.

El derecho contencioso-administrativo requiere de conocimientos especializados. En Mónica Castillo Arjona – Despacho Jurídico, somos un equipo de profesionales con profundos conocimientos de derecho administrativo y experiencia en la impugnación de actuaciones gubernamentales, y, por ende, en las formas de acceder al control de legalidad.

Nuestra experiencia en gran cantidad de procesos contenciosos-administrativos nos permitirán acompañarlos a través de una asesoría de alta calidad.

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